Un agente de inmigración fue acusado formalmente de agresión en tercer grado y daños criminales tras una investigación sobre el trato a una manifestante.
COLLEEN SLEVINFranci Stagi, centro, el 28 de octubre de 2025, en Durango, Colorado, tras ser atacada presuntamente por un agente de inmigración fuera de una oficina de campo de ICE.
Un agente de inmigración fue acusado formalmente de agresión en tercer grado y daños criminales tras una investigación sobre el trato a una manifestante a la que, según sus declaraciones, el agente sometió mediante una llave de estrangulamiento. Varios videos tomados por transeúntes muestran a un agente federal enmascarado agarrando y jalando a Franci Stagi hacia el otro lado de la calle durante una protesta realizada en octubre contra la detención de tres solicitantes de asilo colombianos en Durango, Colorado.
Ella dijo que el agente la agarró del pelo y le aplicó una llave de estrangulamiento. El estado es uno de los varios que han prohibido o limitado severamente el uso de llaves de estrangulamiento y restricciones en el cuello por parte de la policía desde la muerte de George Floyd en 2020.
La Oficina de Investigaciones de Colorado inició una pesquisa sobre las acciones del agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contra Stagi a solicitud del jefe del Departamento de Policía de Durango, Brice Current, quien expresó su preocupación por posibles violaciones de la ley estatal, una solicitud inusual, posiblemente sin precedentes. El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, calificó el procesamiento de "ilegal" y de "maniobra política".
Dijo que los estados no tienen autoridad para investigar este tipo de casos.
"Los agentes federales que actúan en el curso de sus funciones sólo pueden ser investigados por otras agencias federales", según dijo el DHS en un comunicado. Los documentos judiciales no indicaban que algún abogado representara al agente, Nicholas Rice.
Stagi dijo que estaba de pie cerca del agente y grabándolo afuera de la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Durango, una ciudad universitaria popular para la recreación al aire libre, cuando él le golpeó con fuerza la mano, haciendo que perdiera su teléfono. Stagi, una hipnoterapeuta jubilada, dijo que luego tocó el hombro del agente para llamar su atención.
Stagi señaló que, después de aplicarle una llave de estrangulamiento, el agente la arrojó por un terraplén junto a la calle. Afirmó que aún siente dolor en el brazo al realizar actividades cotidianas normales, como ponerse una chaqueta. En los documentos judiciales se afirma que Rice cometió agresión en tercer grado al causar lesiones corporales a Stagi, pero no se describe cómo resultó herida ni se menciona una llave de estrangulamiento.
Rice también fue acusado de daños criminales por presuntamente dañar el teléfono celular de Stagi. Stagi dijo el miércoles que estaba decepcionada de que Rice fuera acusado de delitos menos graves. El cargo de agresión, que es un delito menor, conlleva una sentencia máxima de poco menos de un año en la cárcel. Pero espera que el procesamiento transmita el mensaje de que los agentes de inmigración no pueden derribar a la gente indiscriminadamente y usar fuerza excesiva.
"Me di cuenta de lo rápido que puedo estar bajo el control de otra persona, y es aterrador", dijo Stagi, cuyo nombre legal es Anne Francesca Stagi. Los agentes federales tienen amplias protecciones legales cuando actúan en el curso de sus funciones oficiales, y, en los últimos meses, el Departamento de Justicia ha adoptado una postura dura contra los intentos estatales de arrestar o procesar a esos elementos.
A finales del año pasado, el subsecretario de Justicia Todd Blanche dijo que los arrestos de agentes federales que desempeñan sus funciones serían "ilegales e inútiles", citando la cláusula de supremacía de la Constitución y la ley federal. Expertos legales dicen que esas protecciones son importantes pero no absolutas, y que la cláusula de supremacía no proporciona inmunidad general.
Las llaves de estrangulamiento son un elemento central del discurso público y de iniciativas legislativas estatales sobre qué constituye un uso no razonable de la fuerza desde la muerte de Eric Garner en Nueva York en 2014 después de que un policía blanco le aplicara una llave de estrangulamiento. Las últimas palabras de Garner: "no puedo respirar", se convirtieron en un grito de protesta para el movimiento Black Lives Matter.
Aunque algunos estados han prohibido las llaves de estrangulamiento y otras tácticas, los cambios de gran alcance encontraron resistencia. Un paquete federal de reformas que habría prohibido las llaves de estrangulamiento en todo el país fue aprobado por la Cámara de Representantes en 2021, pero no logró llegar al escritorio del entonces presidente Joe Biden.
El proyecto de ley fue nombrado en honor de Floyd, quien murió en Minneapolis después de que un policía blanco le oprimiera el cuello con la rodilla. Un mes después de la muerte de Floyd, los legisladores de Colorado aprobaron una prohibición de las llaves de estrangulamiento como parte de una legislación más amplia de reforma policial. La ley anuló restricciones más limitadas sobre dichas maniobras que se habían implementado cuatro años antes.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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