La Comisión Sexta de la Cámara dio visto bueno a reemplazar el cálculo basado del presupuesto que se calcula actualmente por el IPC a ser medido por el Índice de Costos de la Educación Superiorbr /
La Comisión Sexta de la Cámara dio visto bueno a reemplazar el cálculo basado del presupuesto que se calcula actualmente por el IPC a ser medido por el Índice de Costos de la Educación SuperiorEl debate contó con un pleno respaldo de los representantes de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
Foto: Prensa @comision_sextaEn tercer debate fueron aprobadas en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes las modificaciones a la Ley 30 . Con estas se busca reemplazar el cálculo basado en el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior , lo que permitiría un incremento en los recursos más acorde con los costos reales de las instituciones, según plantea la iniciativa. Con lo anterior se busca modificar parcialmente el Capítulo V del Título III de la Ley 30 de 1992, con relación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para financiar los presupuestos de las Universidades Públicas adscritas o vinculadas administrativa o presupuestalmente al sector educación, así como adicionar disposiciones en lo referido al financiamiento de las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluidas aquellas que son establecimientos públicos del orden territorial.Así pues, Hernando González, representante por Cambio Radical, explicó que con este proyecto se busca que “el Ministerio de Educación se meta la mano al bolsillo para mejorar la calidad y expandir la cobertura en el territorio nacional”. El legislador hizo hincapié en que esta norma no cargará el gasto de las entidades territoriales. Asimismo, destacó que es necesaria esta reforma debido a la necesidad en educación superior que el país tiene. “Mientras que nosotros no eliminemos la inequidad en este país, este seguirá siendo una nación atrasada, violenta y corrupta. Pero si educamos a nuestra sociedad, seremos un país próspero”, manifestó. González resaltó la importancia del nuevo esquema de financiación, que permitirá que la educación superior tenga un esquema de recursos crecientes en el tiempo de acuerdo a la demanda y teniendo en cuenta el índice de costos de cada universidad que emite el DANE. “Lo que buscamos con esta aprobación es que aumente ese número de estudiantes que entran a la educación superior, porque en la actualidad de los más de 500 mil estudiantes que termina su secundaria, cuatro de cada diez estudiantes van a la universidad, pero hay ciudades y pueblos apartados del país donde únicamente ingresan 1,5 jóvenes que ingresan desde el bachillerato. Y en la actualidad hay más de 2 millones de colombianos esperando una oportunidad para ingresar a la universidad”, indicó.A su turno, el también coordinador del proyecto en mención, el representante por el Partido Verde, Raúl Salamanca, destacó la aprobación de la ley, ya que con esta se busca un nuevo modelo de financiación que permite asignar una mayor cantidad de dinero a las instituciones públicas a lo largo y ancho de todo el país. “Modificando dos artículos de la Ley 30 para garantizar recursos a las universidades que están en crisis y que tienen el mismo rubro hace 30 años sin importar su aumento de cobertura. Esta norma también establece que los presupuestos de las instituciones de educación superior estarán conformados por recursos del Gobierno nacional, por recursos de los entes territoriales y por las rentas propias de las mismas universidades”, afirmó. Salamanca agregó que dicha asignación de los recursos de la Nación será estipulada con base en lo que ya tienen históricamente fijado, incrementado ya no por el costo de la inflación, sino por el llamado índice de costos educativos “que se acerca más a la realidad de la financiación o de los costos de los planteles educativos sobre lo que cuesta graduar a un estudiante en una universidad pública. En esta norma también se plantea que, para garantizar la sostenibilidad de la misma y la construcción de nuevas sedes, serán financiadas con recursos nuevos asumidos por la base presupuestal desde Bogotá”. Por su parte, la congresista Yulieth Sánchez, del Centro Democrático, respaldó la discusión, pero puntualizó que se debe garantizar que esta modificación sea sostenible en el tiempo y que esto no signifique quitarles autonomía a las universidades, “por eso considero indispensable ajustarlo técnicamente para que su aprobación sea sólida, viable y duradera de acuerdo con la sostenibilidad económica”. Finalmente, Luis Ochoa, representante por el partido Liberal, destacó la importancia de aprobar esta ley en tercer debate, dado que la base del problema de educación en Colombia es la financiación para su cobertura: “Yo lo viví en carne propia y tuve complicaciones para estudiar y por ello tuve que empezar con una carrera técnica. Por eso defiendo este proyecto, que hoy respalda a la educación técnica, tecnológica y profesional que atiende a uno de cada cinco estudiantes del sector público”.
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