Los activistas de los derechos de los discapacitados advierten que, aunque el tribunal de salud mental más reciente del estado incorpora la discreción judicial, existe absolutamente una vía para el tratamiento involuntario.
Anita Fisher lleva meses pendiente del calendario, ansiosa por que empiece octubre y rezando para que los padres con los que trabaja puedan aguantar hasta entonces. Son los padres que se reducen a visitar a sus hijos adultos en parques o paradas de autobús, llevando bocadillos y prometiendo más comida para mañana si solo se quedan en esa misma zona.
Son las madres ancianas que andan de puntillas alrededor de los hijos que viven en su casa, atentas a los signos de que han dejado la medicación. Son las familias de personas con enfermedades mentales graves, a las que Fisher no solo apoya mediante su trabajo voluntario de defensa, sino que ella misma es uno de esos padres. A partir del mes que viene, las familias del condado de San Diego y muchas otras podrán presentar una petición ante un juez con la esperanza de que alguien reciba tratamiento de salud mental por orden judicial.Bautizado como Tribunal CARE, el programa se creó el año pasado, cuando la Legislatura del estado aprobó la Ley de Asistencia, Recuperación y Capacitación de la Comunidad. El programa, exigido por el estado, ofrece tratamiento por orden judicial a un pequeño grupo de personas diagnosticadas con determinadas enfermedades mentales específicas: espectro esquizofrénico y otros trastornos psicóticos. Está diseñado para responsabilizar tanto a los condados que prestan servicios de salud mental como a las personas que participan en él. Pero siguen surgiendo dudas sobre hasta qué punto será obligatoria la participación de los enfermos mentales que se encuentran en el centro de la atención ordenada por un tribunal. A medida que se acerca la fecha de puesta en marcha del programa, ha surgido un panorama complicado, que ha llevado a las familias a preocuparse por lo poco que hace la ley, a los activistas de los derechos de los discapacitados a afirmar que va demasiado lejos, y a los funcionarios a dar explicaciones que parecen enturbiar las aguas. El gobernador Gavin Newsom, hablando en un centro de tratamiento de salud mental de San José, anuncia el Tribunal de Cuidados el 3 de marzo de 2022. Los funcionarios judiciales y sanitarios dicen que el nuevo programa es voluntario. Se fomentará enérgicamente la participación, pero no se obligará a nadie a cumplirlo, dicen.Es una respuesta que ha puesto patas arriba la interpretación que Fisher tenía de la ley. Hasta ahora creía que el Tribunal CARE proporcionaría asistencia involuntaria, al menos al principio del caso, porque muchos no entienden que están enfermos. Es lo que ella dice que se necesita en situaciones tan graves como las que ve a menudo. “Lo único que ofrecen en el condado de San Diego son servicios solo voluntarios”, dijo, “por eso tanta gente acaba en la cárcel, muerta y en prisión”. En el otro extremo, los activistas de los derechos de los discapacitados han dicho que el propio proceso judicial es inherentemente coercitivo porque se impone a personas que no han pedido ayuda. Y la ley es clara: los que suspenden el Tribunal CARE pueden acabar encerrados en centros contra su voluntad. Aunque algunos funcionarios del condado de San Diego describieron el programa como voluntario, un portavoz del condado que respondió a las preguntas de la Oficina del Defensor Público dijo que el cliente “recibirá la orden de un Juez de participar en el programa. Eso hace que la participación sea involuntaria”. Es difícil predecir cómo se desarrollará el sistema, pero San Diego se encuentra entre los siete condados a los que el estado ha encargado que implanten el programa en primer lugar.Muchos consideraron la aprobación de la Ley CARE como el cambio más significativo del sistema de salud mental de California en 50 años. Las reformas anteriores —en concreto la Ley Lanterman-Petris-Short— se centraron en gran medida en el tratamiento involuntario.Pero ese tipo de intervención forzosa solo podían iniciarla unos pocos elegidos, como clínicos y policías. La nueva ley amplía esa posibilidad. Ahora la lista de personas que pueden pedir a un tribunal que ordene el tratamiento incluye a los padres y otros familiares, compañeros de piso, trabajadores sociales y personal de primeros auxilios, así como la Agencia de Salud Mental del condado. La persona con enfermedad mental puede no saberlo cuando se presenta la petición en su nombre. Al menos, no al principio.Proceso de remisión o peticiónUn caso se inicia cuando una persona solicita al tribunal que determine la elegibilidad de un individuo. La ley permite que una serie de personas presenten peticiones, como familiares, proveedores médicos o de servicios sociales, o personal de primeros auxilios.El tribunal decidirá si la petición indica que la persona cumple los requisitos. Si no es así, la petición se desestima.Si no se desestima la petición, y fue presentada por alguien distinto de la agencia de salud mental del condado, el tribunal ordenará a la agencia que investigue y envíe un informe para determinar si la persona reúne los requisitos.Durante este tiempo, la agencia de salud mental del condado intentará que el individuo participe en servicios voluntarios e informará al tribunal del resultado de esos esfuerzos.Si el tribunal considera que la persona está calificada para el procedimiento CARE, y los esfuerzos para que participe en los servicios no han sido eficaces, el caso seguirá adelante con el objetivo de ponerla en contacto con los servicios. En este punto, el tribunal nombrará a un abogado para que represente a la persona sin costo alguno.En la comparecencia inicial, si la petición fue presentada por alguien distinto de la agencia de salud mental del condado, se sustituye al peticionario original y se nombra al director de la agencia de salud mental del condado. Durante esta comparecencia, la persona tiene la opción de elegir a alguien que le apoye durante el proceso o pedir que se nombre a alguien.En una audiencia sobre el fundamento , el tribunal determina si el individuo cumple los criterios de elegibilidad.Se pide al individuo, al abogado, a la persona que le apoya y a la agencia de salud mental que trabajen juntos para crear un acuerdo voluntario CARE, que es un plan de acción elaborado en torno a los servicios y el apoyo.En una audiencia de gestión del caso, si no es probable que se llegue a un acuerdo CARE, el tribunal ordenará a la agencia de salud mental que realice una evaluación clínica, a menos que se haya hecho una en los últimos 30 días y todos estén de acuerdo en utilizarla.El tribunal revisará la evaluación clínica y otras pruebas de la agencia de salud mental y de la persona. Suponiendo que la persona siga cumpliendo los requisitos, el tribunal ordenará un plan CARE, que se supervisa más de cerca que un acuerdo CARE.En este punto, el individuo, el abogado, el defensor y la agencia de salud mental trabajarán juntos para crear un plan CARE que incluya los servicios que el demandado tiene derecho a recibir en virtud de la nueva ley. Estos servicios deben determinarse en colaboración, según las necesidades específicas de la persona.12. La persona recibirá los servicios indicados en su plan CARE, como servicios de salud conductual , medicamentos de estabilización médicamente necesarios, recursos de vivienda y servicios sociales financiados.14. En el mes 11, se determinará si la persona está preparada para graduarse o si debe ser reincorporada al programa y seguir recibiendo servicios en el marco de CARE, hasta un año más.Si alguien que no sea la Agencia de Salud Mental presenta una petición, la agencia tiene 14 días para ponerse en contacto con la persona y determinar si cumple los criterios del nuevo tribunal. Los criterios se centran estrictamente en personas diagnosticadas con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Los funcionarios del condado prevén que recibirán unas 1000 peticiones a lo largo del próximo año, y aproximadamente una cuarta parte —tal vez 250 personas— cumplirán todos los criterios para participar.Si la persona acepta los servicios del condado sin la supervisión del tribunal, no hay necesidad de iniciar el proceso judicial. Pero para los que rechazan la ayuda, el juez del Tribunal CARE estudiará el caso. Si el juez determina que el Tribunal CARE es el curso de acción adecuado, se inicia el proceso. Sigue uno de estos dos caminos.en el que la persona y un equipo de apoyo acuerdan un plan de servicios. Esto requiere una supervisión judicial mínima.el tribunal puede ordenar una evaluación clínica y, a continuación, el “plan CARE”, más intensivo. Ambos pueden incluir tratamiento por abuso de sustancias, medicamentos de estabilización y alojamiento. El plan CARE conlleva un mayor nivel de supervisión judicial. El programa tiene un límite de dos años.Ese incumplimiento puede tenerse en cuenta si un juez ordena una audiencia para la persona en virtud de la Ley Lanterman-Petris-Short, o LPS, en un plazo de seis meses. Esa ley permite que un tribunal ordene el tratamiento involuntario y la tutela para quienes se considere que son un peligro para sí mismos o para los demás, o que están gravemente incapacitados, una norma muy utilizada para la atención obligatoria en California.En otras palabras, la ley abre una puerta que podría conducir a la persona a un tratamiento sin su consentimiento.La juez del Tribunal Superior de San Diego, Kimberlee Lagotta, ha leído varias veces la ley que describe el Tribunal CARE. Hojeó una versión impresa de la ley —marcada con subrayados en una carpeta— mientras hablaba de ella en su despacho la semana pasada.“Es completamente voluntario”, dijo. “Así que el demandado elige participar. El demandado puede elegir no participar en cualquier momento”. El sello del estado en la sala del Tribunal Superior de San Diego de la juez Kimberlee A. Lagotta, que supervisará el Tribunal CARE. La intención de la ley, dijo, “es realmente reunir un equipo y unos servicios que proporcionen esta mejora de la calidad de vida que animará a estas personas a participar.”Habló del apoyo que proporciona el programa. “Lo veo como este equipo de individuos que esta persona no tenía antes”, dijo Lagotta. “Tienes un abogado que está ahí para representar sus intereses y sus necesidades. Tienes una persona de apoyo que está ahí para representar sus intereses y necesidades. En este momento tienes un equipo de salud mental que está preparado para prestar servicios.” Existe una orden judicial de participación en el Tribunal CARE, pero la orden no es que la persona participe, dijo. La orden es que el condado preste servicios y apoyo a la persona. El juez puede ordenar que se proporcione medicación si así lo exige el plan CARE de la persona, pero, de nuevo, la orden es que el condado debe ofrecérsela. Lagotta dijo que “no hay absolutamente ninguna consecuencia para la persona” si se niega a tomar la medicación.La ley dice que el incumplimiento del plan se tendrá en cuenta en cualquier audiencia posterior en virtud de la Ley LPS si la audiencia tiene lugar en los seis meses siguientes a la finalización del plan de asistencia.Ese fracaso también, según la ley, “creará la presunción en esa audiencia de que el demandado necesita una intervención adicional más allá de los apoyos y servicios previstos en el plan CARE”. Pero eso no significa que el fracaso sea un camino directo hacia el tratamiento involuntario o la tutela. Lagotta dijo que los jueces deben actuar dentro de los límites de la ley. “Así que, a menos que un juez considere de buena fe que una persona está calificada para la tutela, ni yo ni otro juez tomaremos ese camino”. Dijo que los jueces deben actuar de buena fe. Y una vez que se familiaricen con la persona, su plan de caso y su evaluación clínica, el juez tendrá “una muy buena idea” de si un programa CARE le servirá. “Si hay necesidad de algún nivel superior de atención, en ese momento tendrá información que le proporcione una base de buena fe para hacer esa derivación”, dijo sobre la audiencia que podría conducir a un tratamiento involuntario.Los activistas de la salud mental sostienen que el proceso judicial, por su propia naturaleza, es involuntario.No es un sistema en el que la gente quiera participar por sí misma, sino que se lo impone otra persona que puede o no tener un conocimiento íntimo de la enfermedad de esa persona, argumentó Disability Rights California en su petición judicial contra la ley a principios de este año. “No hay otra forma de que una persona experimente el hecho de acudir a un tribunal, comparecer ante un juez y recibir una orden judicial para hacer algo durante un máximo de 12 meses, que no sea coacción”, argumentó el Consejo de Planificación de la Salud Mental de California en los documentos judiciales. Disability Rights también argumenta que el lenguaje de la ley es ambiguo, lo que podría dar lugar a una aplicación discriminatoria y dificultar que las personas argumenten con éxito contra la intervención del Tribunal CARE. Por ejemplo, la ley no exige que una persona sea un peligro para sí misma o para los demás, ni que esté gravemente discapacitada. En su lugar, la legislación dice, entre otras cosas, que una persona está calificada si los servicios “evitarían una recaída o un deterioro que probablemente provocaría una discapacidad grave o un daño serio a la persona o a otros”. “Las personas que actualmente no son un peligro ni están gravemente discapacitadas pueden ser obligadas a someterse a tratamiento si un tribunal especula que es ‘probable’ que cumplan estos criterios en el futuro”, decía la petición de la organización. El documento añadía más adelante: “Sin una definición o norma clarificadora para esta indagación especulativa, es imposible para los demandados del CARE abordar, y mucho menos defender, una conclusión relativa a una ‘probable’ situación procesal futura”. El grupo también señaló las consecuencias a las que podrían enfrentarse las personas en caso de no completar el plan CARE ordenado por el tribunal: la posibilidad de tratamiento involuntario o tutela.Esto es especialmente preocupante, ya que la Legislatura del Estado aprobó recientemente la Ley 43 del Senado, que amplía los criterios de detención, tratamiento y tutela según la ley. La nueva ley ampliaría la definición de “gravemente discapacitado” incluyendo el “trastorno grave por consumo de sustancias”. También añade “la seguridad personal y la atención médica necesaria” como necesidades básicas que una persona debe poder atender.Anita Fisher, antigua directora de educación de NAMI San Diego, dirige en su casa, el 22 de abril de 2022, una reunión de un grupo de apoyo virtual para familiares de seres queridos que luchan contra una enfermedad mental. Mientras tanto, algunas familias siguen esperando que la ley se utilice para obligar a sus seres queridos —algunos de los cuales han salido cíclicamente de las personas sin hogar, los hospitales psiquiátricos y las cárceles— a someterse al tratamiento que esperan que cambie, y tal vez incluso salve, sus vidas. La idea de que el Tribunal CARE sea voluntario desanima a Fisher: “Si no hay dientes, no hay programa”, afirma. Fisher apoya a varias familias como activista voluntaria, pero también habla desde su experiencia personal. A su propio hijo le diagnosticaron esquizofrenia hace décadas. Cuando se encuentra en la plenitud de su enfermedad, no comprende que está enfermo y rechaza el tratamiento, dijo.“Si el juez dijera... ‘Bueno, esperamos que lo hagas voluntariamente, pero no tienes por qué hacerlo’, mi hijo se marcharía”, dijo Fisher. Se pregunta qué ocurrirá entonces. “¿Van a ir a buscarlos cuando se marchen y vuelvan a causar estragos en algún sitio, vuelvan a estar delante de la tienda, merodeen o los detengan un día sí y otro también?”, dijo. Fisher quiere —y espera que el Tribunal CARE sea— un programa que ingrese a las personas en un centro durante varios días o semanas para que puedan estabilizarse y luego se les dé el alta para que continúen recibiendo atención y apoyo ambulatorios. También se mostró preocupada por el tiempo que transcurre desde que se presenta una petición ante el tribunal. Una vez que el juez acuerda que la persona parece reunir los requisitos para el Tribunal CARE, los organismos tienen dos semanas para encontrar e investigar a esa persona, y luego informar de sus conclusiones al juez. Y mientras tanto, dice Fisher, “la persona sigue descompensándose”. Se alegra de que la ley incluya una disposición que puede responsabilizar a los condados si no cumplen el plan CARE de una persona. “Espero que eso sea un incentivo para no dejar que estas personas sigan sufriendo en su enfermedad”, dijo.
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