Política | La ‘jugadita’ de los congresistas para evitar recortarse las vacaciones, ¿qué pasó?
No obstante, según pudo evidenciar SEMANA, en medio de los debates que ha tenido la iniciativa los congresistas hicieron dos ‘jugaditas’ que en la práctica hace que el proyecto resulte casi que un saludo a la bandera.Inicialmente, el proyecto indicaba que el periodo de sesiones iría del 20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de enero al 20 de junio,
“El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos periodos por año, que constituirán una sola legislatura. “En el periodo de sesiones en el que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República, este periodo iniciará el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio”, fue lo aprobado por la Comisión Primera del Senado.
Según ella, entre más leyes produzca el Congreso, los ciudadanos son menos libres y, en la mayoría de casos, los más afectados son los emprendedores o pequeños empresarios.360 proyectos este país necesita debates de control político, pero entre menos esquizofrenia legislativa, más sano vive un país que no necesita que el Congreso dirija su vida”, dijo la senadora Cabal.
De acuerdo con los datos, los congresistas de la Cámara apenas sesionan, en promedio, tres horas a la semana en las comisiones constitucionales y 12 horas en la plenaria.
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Justicia 4.0Ante la inseguridad que existe en el Atlántico, necesitamos mano dura contra los delincuentes. La base que debe sostener la estabilidad de un sistema social es que el Estado tenga la capacidad suficiente para responder frente a los problemas y mitigar el delito. Es claro que allí radica el problema que azota a la población. Con resignación, día a día las personas ven cómo los delincuentes no son procesados de la manera adecuada y se les deja un espacio abierto para continuar con su carrera delictiva. Frente a esto, el Estado debe ser intolerante y la forma de combatir este problema es la judicialización estricta y efectiva del que decide delinquir. Es precisamente este apartado el que comprende la tercera pata de la mesa de seguridad que propongo. No cabe duda que las administraciones locales futuras tienen que trabajar mancomunadamente con todas sus autoridades para cumplir efectivamente con el compromiso de investigar, enjuiciar y castigar a todos los delincuentes, independientemente de lo grave que haya sido su delito. Hay que rechazar con vehemencia los atentados contra la dignidad de las personas que construyen nuestra sociedad. Esto comprende el diseño de una política criminal que se centre en lo realmente importante: garantizar que se haga justicia. El Estado debe aplicar las leyes penales de manera simbólica y material. Es decir, que no solamente se haga justicia, sino que se lance un mensaje de seguridad colectiva. Hay que recuperar la confianza de las personas en las instituciones. El delincuente tiene que acatar la ley, ya sea porque la entiende o porque le teme y la administración debe estar preparada para responder ante cualquiera de los dos casos. Por eso, hay que dotar al país con un sistema carcelario y judicial robusto, puesto que el débil sistema actual funciona a veces como una excusa para la inoperancia de la judicialización. Así las cosas, el fiscal debe perseguir al criminal con todo el peso de la ley, sabiendo que los jueces van a acatar estas
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