El Departamento de Justicia busca depurar a jueces de inmigración que considera que tardan demasiado en emitir fallos o que no cumplen con la ley, señaló el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, el miércoles.
El Departamento de Justicia busca depurar a jueces de inmigración que considera que tardan demasiado en emitir fallos o que no cumplen con la ley, señaló el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, el miércoles.
Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Donald Trump pretende remodelar los tribunales migratorios y reducir algunos de los 3,7 millones de casos atrasados para facilitar su agenda de deportaciones a gran escala. Blanche se presentó el miércoles en Phoenix para hablar frente a la Exposición de Seguridad Fronteriza, una reunión anual que atrae a altos funcionarios de inmigración, agencias policiales locales y estatales y representantes de empresas que hacen negocios con el gobierno federal.
La presencia de Blanche en el encuentro refleja cómo la inmigración y la seguridad fronteriza se han convertido en una prioridad a lo largo de todo el gobierno de Trump. Blanche, quien ha encabezado el Departamento de Justicia desde la destitución de Pam Bondi el mes pasado, habló con The Associated Press después de su participación en la conferencia. Sus declaraciones fueron algunas de las más detalladas sobre los cambios en los tribunales de inmigración desde que asumió el cargo.
“Uno presta juramento y no se le permite tomar decisiones basadas en lo que parece que te gusta o por capricho”, sostuvo Blanche. “Si hay jueces que simplemente no están aplicando la ley de la manera en que debe aplicarse, retrasando de forma indebida, con atrasos que son simplemente inaceptables, esas son las personas para las que vamos a tratar de encontrar a alguien más para que ocupe ese puesto”.
El segundo gobierno de Trump ha convertido las deportaciones a gran escala en una de sus prioridades y ha puesto en marcha un esfuerzo a nivel de todo el gobierno federal para alcanzar sus ambiciosas metas. Para lograrlo, ha intensificado la represión migratoria en algunas de las principales ciudades del país, ha ampliado los centros de detención y ha incrementado la contratación de agentes de inmigración.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional es la agencia del gabinete que carga una mayor responsabilidad al momento de ejecutar la agenda de deportaciones masivas de Trump, los tribunales de inmigración —un aspecto clave del sistema migratorio— dependen del Departamento de Justicia. Decenas de jueces de inmigración han sido removidos de sus cargos durante el segundo mandato de Trump, mientras los críticos aseguran que fueron señalados por aprobar demasiados casos de asilo.
El gobierno también ha ordenado que agentes con el rostro cubierto detengan a migrantes cuando se presentan a sus audiencias de asilo y ha enviado memorandos en los que instruye a los jueces a alinearse con su plan. Muchos migrantes y grupos que defienden sus derechos aseguran que los tribunales de inmigración se han convertido cada vez con mayor frecuencia en una trampa: se presentan a una audiencia de rutina sólo para enfrentar un arresto.
A diferencia de los tribunales federales, donde existen reglas estrictas de procedimiento y los jueces tienen nombramientos vitalicios, el Departamento de Justicia administra los tribunales de inmigración y el titular de la agencia puede despedir a los jueces sin tanto obstáculo. Pero los críticos cuestionan la manera en que el gobierno está reformando a los tribunales de inmigración.
“Lamentablemente, el gobierno de Trump está desmantelando sistemáticamente las protecciones del debido proceso en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, priorizando la rapidez y la aplicación de la ley por encima de la equidad, la precisión y la justicia fundamental”, escribió la American Immigration Lawyers Association a finales del año pasado. Los críticos también señalan que, durante el gobierno de Trump, una junta que pertenece al sistema de tribunales y determina cómo pueden fallar los jueces de inmigración, ha emitido varias decisiones que han estrechado la vía para obtener asilo a través de los tribunales.
Blanche desestimó las críticas y afirmó que las decisiones eran coherentes con la ley. Blanche indicó que había problemas con jueces que retrasaban casos de manera reiterada y otros casos en los que los jueces no estaban siguiendo la ley “por empatía hacia las personas”.
Después de recibir abundantes fondos del Congreso el verano pasado que le permitieron al departamento contratar a más jueces, la agencia está contratando rápidamente a nuevos jueces de inmigración, lo que ha generado críticas de que no cumplen con los estándares.
“Tenemos un proceso muy riguroso para entrevistar, aprobar y capacitar a los aspirantes. Y después los observaremos”, afirmó Blanche, quien expresó confianza en las nuevas contrataciones. Blanche también señaló que el Departamento de Justicia ha estado priorizando los esfuerzos para retirar la ciudadanía a personas que, según el gobierno, han defraudado al sistema, un proceso conocido como “desnaturalización” que entre 1990 y 2017 se utilizó apenas en alrededor de una decena de casos al año.
“Esa es una de las herramientas que estamos usando de manera agresiva y que no se había usado con tanta agresividad en el pasado”, manifestó Blanche, sin proporcionar cifras específicas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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