Cómo Texas destrozó el camino a la ciudadanía de un residente de Austin.
El mayor miedo de Roberto Mejía de cruzar la frontera era simplemente que no sabía nadar. Se había dado cuenta de que no sería bienvenido a los Estados Unidos como refugiado- ya que el asilo solo está disponible para cubanos, nicaragüenses y venezolanos.
Nunca se imaginó que pasaría meses encarcelado. Su conocimiento limitado del proceso estaba basado en la experiencia de su sobrino unos años antes, cuando huyó de su país natal, Honduras, después de enfrentar persecución por su orientación sexual. Mejía decidió cruzar el río en Piedras Negras porque había escuchado que la corriente era débil. Esa decisión terminó siendo peligrosa. Mientras contemplaba su próximo movimiento cerca del río, unos hombres armados, que creía que eran miembros del cartel, se acercaron a él preguntándole de dónde era y con quién estaba. Aunque estaba solo, dijo que estaba con otras ocho personas, con la esperanza de que la oscuridad de la noche ocultara su mentira. Mientras se acercaban a él, les entregó su mochila. La inspeccionaron. Amablemente la pedí de regreso. Se la regresaron y él decidió correr. Corrió por 30 minutos a lo largo de la orilla sin mirar atrás. Sin saber que cerca estaban, se sumergió en el Río Grande. Con la corriente tirando de él, y el agua hasta su cuello, empezó a dudar de su decisión. Mirando hacia la orilla mexicana del río, vio que los hombres lo habían alcanzado. “Me puse a orar”, dijo. “Decidí cruzar el río, gracias a Dios”. Mejía estaba en Texas. No sabía exactamente dónde, pero otros migrantes le habían dicho “se puede guiar por las vías del tren para general hacia el norte”. Mientras caminaba por la noche, se encontró con dos hombres hondureños y una mujer de El Salvador. Continuaron hasta la tarde del día siguiente cuando escucharon el zumbido de los motores que venía hacía ellos. Se escondieron cerca de una colina y los vehículos pasaron. Pero mientras continuaron caminando, los vehículos los rodearon y los guardias nacionales empezaron a hacerles preguntas. “¿Qué hacen aquí?”, preguntaron. “Venimos a buscar el sueño americano”. La Guardia Nacional llamó a la Patrulla Fronteriza, que llegó para hacer sus propias preguntas. ¿Alguno de los hombres tenía una relación con la mujer salvadoreña? Les dijeron que no, y el agente de la patrulla fronteriza se llevó a la mujer. Ese agente llamó a la oficina del alguacil del condado de Kinney, la cual acusó a los tres hombres de invadir propiedad privada, la razón principal de la mayoría de los arrestos bajo la Operación Lone Star.Sin que Mejía lo supiera, estaba entrando a un estado que ha puesto una nueva cara a su antipatía por los inmigrantes. No miren más allá de la ola de violencia que ha rodeado a Texas en las últimas semanas. Un hombre estrelló su vehículo cerca de un centro de inmigrantes en Brownsville matando a siete inmigrantes, y Greg Abbott afirmó falsamente que las cinco víctimas del tiroteo en Cleveland eran “inmigrantes ilegales”. La Operación Lone Star de Abbott comenzó en el 2021 como un esfuerzo estatal para aumentar la vigilancia fronteriza, una responsabilidad que generalmente recae en el gobierno federal, en los condados de Tejas. Aproximadamente 50 condados han optado por participar en el programa. El fin del Título 42, que permitía a las autoridades rechazar a los inmigrantes debido a la pandemia, inspiró a Abbott a enviar soldados del DPS a la frontera, incluidos los desplegados recientemente en Austin. “El presidente Biden está dando la bienvenida a personas de todo el mundo, pero Texas está desplegando nuestra nueva Fuerza Fronteriza Táctica de Texas”, Abbott dijo en un comunicado de prensa que detalla la tercera fase de las fuerzas estatales para militarizar la frontera. La fase uno involucró el uso de la Guardia Nacional y la fase dos un despliegue de unidades de policía militar. Hasta ahora, no parece que Abbott haya obtenido el espectáculo que esperaba. La administración de Biden celebró que, en los primeros días posteriores a la expiración del Título 42 el 11 de mayo, la cantidad de encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes disminuyó en aproximadamente un 50%, a pesar de unas expectativas de que los cruces aumentaran. No obstante, los funcionarios de Texas se han jactado de los éxitos de la Operación Lone Star. Abbott tuiteó recientemente una infografía que indicaba que el esfuerzo había llevado a más de 370,000 detenciones, “17,000 migrantes transportados en autobús a ciudades santuario” y 27,000 arrestos criminales. El Texas Tribune informó el año pasado que muchos de los arrestos no tenían nada que ver con la vigilancia fronteriza, sino que iban desde peleas de gallos a casos de acoso. Muchos medios han reportado sobre problemas con el programa, incluidos los más de $4 mil millones que le ha costado a Texas y la desorganización con la Guardia Nacional.Mejía disfruto mucho vivir en su ciudad natal entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades más grandes de Honduras. Sin embargo, las pandillas eran inevitables. “Eso es una lucha constante en Honduras”, dijo. Tenía solamente 11 años cuando su padre murió. Alrededor de ese tiempo, los pandilleros lo reclutaron, pero él rechazó sus avances. De adulto empleó su formación académica como psicólogo para fundar la organización que creó un espacio para que jóvenes de bajos ingresos evitaran la vida pandillera y se convirtieran en líderes comunitarios. Al asumir un trabajo centrado en los mismos adolescentes que las pandillas buscaban reclutar, Mejía tenía un blanco en la espalda. “Conocemos donde vives, quien es tu familia, y quienes son tus hermanos”, ellos le dijeron. Así que modificó el enfoque de su programa para ayudar a los jóvenes de la comunidad de otras maneras. Mejía vivía con su esposa, Dilma Maria Monge Sánchez, y sus tres hijos a unos 150 pies de una casa donde una pandilla dirigía una operación de tráfico de drogas. Durante las vacaciones de invierno en el 2020, notó que niños de hasta 8 años pasaban el rato en la casa. La pandilla parecía proporcionar a los niños, que en su mayoría provenían de barrios de clase trabajadora, comida, juguetes y otros regalos. También les daban bicicletas y mochilas para que repartieran la droga por todo el pueblo. Después de meses de vigilar la casa, Mejía decidió que necesitaba tomar acción. En mayo del 2020, llamó a la policía. Se presentaron, pero no hicieron nada, dice. Un mes después, Mejía vio a los niños bebiendo y fumando. Volvió a llamar a la policía, pero usó un tono más contundente. La policía le dijo que podía presentar una denuncia formal dando su información personal: nombre, dirección y número de teléfono. Desesperado por resolver la situación, accedió. “Fuimos a la iglesia ese viernes en la tarde, gracias a Dios, y como en mi barrio no es tan seguro, es algo peligroso, siempre damos ese sentido de las luces de las casas o algún televisor, para simular que hay gente”, dijo el. “Cuando nosotros regresamos de la iglesia a la casa, la casa estaba completamente rota”. Adentro, encontró una piedra con una nota que decía simplemente “por sapos” o “soplón”. Él y su familia rápidamente decidieron que Mejía necesitaba irse del país porque temían que no pudiera evadir la red de la pandilla en Honduras. Monge Sánchez y sus tres hijos, los mellizos tienen casi cinco años y el más pequeño acaba de cumplir tres, se mudaron a la casa de su familia en otra parte de Honduras. Mientras Mejía se dirigía a los Estados Unidos, pensó que las pandillas lo estarían buscando. Su presencia se extendía más allá de Honduras hacia Guatemala: la primera parada de su viaje. Al decidir que necesitaba llegar a México para escapar de la red de pandillas, se mudó a Tapachula, cerca de la frontera de Guatemala, donde trabajó durante unos meses. Luego comenzó a moverse hacia el norte hacia los EE. UU. Con conocimiento enciclopédico, contó a el Chronicle las paradas de su viaje: Tuxtla Gutiérrez, luego Veracruz donde evitó por poco un secuestro, Tampico donde nuevamente evadió un secuestro, San Luis Potosí y finalmente a la ciudad fronteriza de Ciudad Acuña donde se hizo amigos de inmigrantes haitianos. “Soy muy sociable”, dijo. Después de un mes en Ciudad Acuña, cruzó el Río Grande cerca de Piedras Negras hacia Texas.En octubre de 2021, después de ser arrestado por el condado de Kinney, Mejía supo que su cargo de allanamiento conllevaba una sentencia de entre tres meses a un año, con una fianza mínima de $5,000. Pasaría meses saltando entre prisiones: Val Verde, luego Briscoe y después Segovia. Dijo que las condiciones en los tres eran igualmente malas. En Briscoe, un grupo de prisioneros prendieron fuego a los colchones e intentaron escapar. El personal penitenciario castigó a todos los hombres detenidos haciéndolos estar afuera en el sol de 8 a.m. a 4 p.m. En ese mismo establecimiento, dijo Mejía, encontró cucarachas y gusanos en su comida, y agregó que en una ocasión olía a excrementos humanos. Evitó comer, ya que sus compañeros de prisión se enfermaron. Su peso bajó de 185 a 147 libras. “Me sentía débil físicamente”. El castigo también tuvo un costo psicológico. El confinamiento solitario era común y los guardias les decían que sus vidas valían menos que los gatos y los burros, dijo Mejía. El personal de la prisión le lanzó insultos racistas hasta el punto de que se preguntó si parte del diseño de la Operación Lone Star era convencer a la gente de que los Estados Unidos era un lugar indeseable para vivir. Monge Sánchez dijo que vivir en Honduras sin Mejía no ha sido fácil. Ella optó por no enviar a sus mellizos de cinco años a la escuela este año y está atemorizada con su familia en Honduras. “Siempre ando con ese miedo que en cualquier momento nos puedan reconocer”, ella dijo. Cuando Mejía estaba preso en Texas, solo podía hablar con él por cinco minutos los lunes. Después de su arresto inicial, no supo de él por más de 10 días. Ella dijo que los niños están teniendo dificultades para procesar lo que le está pasando a su padre. “Cuando hablan con el papá, ellos se ponen a llorar, porque Roberto es un padre muy cariñoso”, ella dijo. Durante esas breves llamadas, Mejía imploró a Monge Sánchez que expusiera lo que estaba pasando en las cárceles. Fue entonces cuando se conectó con Grassroots Leadership, una organización de derechos humanos y civiles con sede en Texas, a través de su línea directa. “Somos una organización que somos liderados por personas directamente impactadas por inmigración, por el sistema carcelario” dijo Alicia Torres, coordinadora de campaña de inmigración en Grassroots Leadership. Ella dice que la Operación Lone Star obliga a los inmigrantes a luchar contra dos casos legales: asilo y allanamiento. Mejía dijo que su primer abogado en su caso de allanamiento nunca le dio respuestas claras. De hecho, se enojó con él porque se negó a declararse culpable de los cargos de allanamiento. “Simplemente caminé a la orilla del tren”, dijo sobre la idea de que había sido una propiedad privada. Su abogado abandonó su caso. “No teníamos abogados, pero sabíamos literalmente qué injusticias estaban pasando, que los abogados asignados a ellos no estaban comunicándose con ellos”, dijo Torres. Comenzaron a entrevistar a hombres en la prisión de Segovia para comprender mejor la Operación Lone Star y se enteraron de las terribles condiciones. El equipo de Grassroots Leadership pagó la fianza de 11 hombres. Cuando los hombres llegaron a McAllen, contemplaron aceptar la deportación, dijo Mejía, pero sintiendo que no podían defraudar al equipo de liderazgo de Grassroots, continuaron con su búsqueda de asilo. Seis de los 11 hombres fueron deportados automáticamente, en gran parte porque eran mexicanos, dijo Torres. Grassroots Leadership comenzó a explorar cómo podrían pagar la representación legal en los casos de inmigración restantes. Mejía pasó tiempo en centros de detención en McAllen, Port Isabel y Conroe, a menudo sin oportunidad de llamar a Monge Sánchez. “Cada vez que pasaba un oficial yo le rogaba que me diera por favor una llamada telefónica porque mi esposa estaba preocupadisima”, dijo. Cuando finalmente hablaron, dijo que fue la llamada más difícil de su vida. “Toda mi resiliencia, toda mi fortaleza, ahí fue el momento cuando yo escuché su voz, yo me quebré”, dijo. Justo cuando comenzaba a pensar nuevamente en renunciar a su caso, se enteró de que algunos de los otros hombres rescatados por Grassroots Leadership estaban saliendo del centro de migración. Mejía salió del Montgomery Processing Center en Conroe el 21 de abril de 2022 y se mudó a Austin.La oficina del fiscal general de Texas ha dejado en claro su deseo de que la Legislatura de Texas presente una legislación que impugne el fallo de la Corte Suprema de 2012 que asegura que el gobierno federal está a cargo de la aplicación de la ley de inmigración. Los legisladores conservadores de la Cámara de Representantes de Texas han dado un paso hacia ese objetivo al aprobar la ley 7 de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley de control fronterizo, la semana pasada. La primera ronda de votación del proyecto de ley terminó justo antes de las 2 a.m. del 10 de mayo. No fue la primera vez en esta sesión que los políticos discutieron la aplicación de la ley fronteriza en las primeras horas de la noche después de que las multitudes de manifestantes se hubieran reducido. Una audiencia de abril también duró hasta las 2 a.m. Los defensores denunciaron estos votos nocturnos. “A la 1:39 a.m., la Cámara de Representantes de Texas votó a favor de la ley 7 con la disposición de vigilantes fronterizos, la cual fue añadida de la de la ley 20. La cámara estaba completamente vacía. La gente viajó de todo el estado, incluido el Valle del Río Grande, para dar testimonio de esto. Es verdaderamente vergonzoso gobernar así", tuiteó Bob Bibal, consultor de Human Rights Watch. Los republicanos dicen que la ley 7 ayudará a detener el flujo de fentanilo hacia los EE. UU., a pesar de que los inmigrantes no suelen traficar, como desacredita NPR el año pasado. Irónicamente, Mejía huyó de Honduras debido a sus propios esfuerzos para detener el narcotráfico.Las batallas legales de Mejía continúan persiguiéndolo mientras se adapta a la vida en los Estados Unidos. Ha trabajado trepando postes telefónicos para hacer reparaciones, lo que lo obliga a viajar. En un trabajo en Mississippi en marzo, la corte le informó que tendría que estar presente en la corte al día siguiente. “Digo, ¡wow! Para mí es imposible, porque exactamente en ese momento no tenía dinero para comprar un boleto de avión de emergencia, porque los boletos de avión estaban sumamente carísimos”, dijo. Torres, a quien se refiere como uno de sus “ángeles”, lo ayudó a comprar un boleto. A pesar de sus experiencias con la Operación Lone Star, tanto él como Monge Sánchez creen que Estados Unidos es más seguro para ellos qué Honduras. “Lo que yo más anhelo de mi vida es irme,” ella dijo. “Y volverme a encontrar con mi esposo, porque nosotros aquí corremos peligro”. El abogado actual de Mejía en el caso de allanamiento de morada le aconsejó que aceptara un trato, lo que evitaría el posible escenario de pesadilla de tener que volver a prisión para terminar su sentencia, y tal vez perder su audiencia por su caso de inmigración. Eso podría haber llevado su caso al final de la fila o haber llevado a un juez a rechazar su reclamo. Para su caso de inmigración, el equipo de Grassroots Leadership lo conectó con la Clínica de Derecho de Inmigración de la Universidad de Texas en Austin, donde los abogados Niko Marcich y Hunter Steitle manejaron su caso. Marcich señaló que tener representación aumenta significativamente la probabilidad de una solicitud de asilo exitosa. “Roberto es una persona tan increíble, asombrosa e inspiradora”, dijo Marcich. “Quería poder brindarle la ayuda que sabía que se merece”. Señalaron que sus cargos de allanamiento no deberían tener un impacto en su caso de asilo, pero un juez podría usar su discreción para considerar un cargo de delito menor en el caso. “Es este proceso independiente y prolongado que, al final del día, no afecta su elegibilidad para asilo. Lo que hace que se sienta como ¿por qué se molestan en hacer esto?”, Steitle dijo. Los casos de asilo pueden tardar años en resolverse, y actualmente hay una acumulación de alrededor de 1,6 millones de casos en todo el país. Steitle dijo que la ley de inmigración varía en todo el país, ya que los tribunales de apelaciones de Texas pueden fallar de manera diferente a los de California o Nueva York. El caso de Mejía cae dentro de la notoriamente conservadora Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Mejía dijo que le han dicho que sus posibilidades de obtener asilo son algo remotas, pero se mantiene optimista gracias a su fe religiosa inquebrantable. “Yo no me considero un delincuente”, dijo. “Yo vine aquí a Estados Unidos a tratar de salvar mi vida, buscar seguridad y en esa búsqueda del sueño americano encontré una pesadilla americana”.
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