El Gobierno no ha prohibido los despidos por causas objetivas como tal sino que ha encarecido su coste para las empresas al establecer que la fuerza mayor y las causas económicas, organizativas, técnicas y de producción no podrán justificar la extinción del contrato de trabajo ni del despido durante la vigencia del estado de alarma, según expertos laboralistas.
para las empresas al establecer que la fuerza mayor y las causas económicas, organizativas, técnicas y de producción no podrán justificar la extinción del contrato de trabajo ni del despido durante la vigencia del estado de alarma, según expertos laboralistas.
que se acojan a estas causas para despedir durante la crisis sanitaria, pues ante un tribunal un despido de esta naturaleza tendrá la consideración de improcedente y, por tanto, será más caro para el empresario.
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