La causa judicial contra Manuel Adorni se expande con la ampliación de una denuncia y la incorporación de líneas de investigación relacionadas con operaciones inmobiliarias, movimientos migratorios e inconsistencias patrimoniales. Se solicita citar a la escribana involucrada en la compra de propiedades para esclarecer detalles de las transacciones. Se investigan los viajes del funcionario durante 2023, cruzando datos migratorios y patrimoniales para detectar posibles irregularidades.
La causa judicial contra Manuel Adorni , jefe de Gabinete, sumó nuevos elementos en las últimas horas. La ampliación de una denuncia y la incorporación de líneas de investigación vinculadas a operaciones inmobiliarias, movimientos migratorios y presuntas inconsistencias patrimoniales marcan un punto de inflexión en el expediente.
La presentación fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón. El legislador solicitó que se cite a declarar a la escribana que intervino en la compra de propiedades ubicadas en Caballito y en la zona de Indio Cuá. El objetivo es que su testimonio permita precisar detalles sobre las condiciones de las operaciones, los montos involucrados y la identidad de los intervinientes, información clave para determinar si hubo irregularidades en las transacciones. Según consta en la ampliación, la medida apunta a profundizar el análisis de las transacciones inmobiliarias que se encuentran bajo revisión judicial. En ese marco, se busca establecer si existen irregularidades o inconsistencias en la adquisición de los inmuebles. Qué viajes y movimientos migratorios analiza la Justicia En paralelo, la investigación avanza sobre otra línea centrada en los desplazamientos del funcionario durante 2023. La Justicia analiza un pedido para relevar la totalidad de sus viajes y cruzar esa información con registros migratorios y datos patrimoniales. El propósito de esta medida es determinar si existe correspondencia entre los movimientos del funcionario y las operaciones que se encuentran bajo análisis, ya que este tipo de cruces permite detectar eventuales diferencias entre lo declarado y lo efectivamente realizado. De acuerdo con fuentes del expediente, este tipo de cruces de información es habitual en investigaciones por presuntas irregularidades patrimoniales. La causa, que se enmarca en una presunta malversación, amplía así su alcance incorporando nuevas fuentes de prueba. El departamento de u$s230.000 que complica a Adorni Uno de los puntos centrales de la investigación es la compra de un departamento en el barrio de Caballito por un valor de u$s230.000. Según registros oficiales, la operación se habría concretado con un financiamiento cercano al 87% del monto total. El detalle llamativo: ese préstamo fue otorgado por las mismas personas que figuraban como vendedoras del inmueble. Una mecánica financiera que encendió las alarmas judiciales. El departamento, de aproximadamente 200 m², pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ambas figuran como acreedoras de un crédito hipotecario por u$s200.000. Cada una habría aportado el 50% del préstamo que permitió concretar la adquisición. La propiedad, previamente, había pertenecido al exfutbolista Hugo Alberto Morales. La operación inmobiliaria forma parte de un conjunto de movimientos realizados durante noviembre de 2025 que se encuentran bajo análisis judicial. En ese contexto, también se investiga la existencia de otros inmuebles que no habrían sido incorporados en las declaraciones juradas presentadas ante los organismos correspondientes. La denuncia por el chalet en Martínez y la conexión con Álvaro Castro Burgueño En otra línea de investigación, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal que incorpora al empresario Álvaro Castro Burgueño. La presentación solicita que se investiguen presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y encubrimiento. El foco está puesto en una propiedad ubicada en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. El inmueble en cuestión, un chalet de grandes dimensiones situado en una zona residencial, se encuentra registrado a nombre del empresario. Sin embargo, la denuncia menciona versiones que indican que el funcionario habría residido allí. Entre los elementos señalados se incluye la presencia de custodia de la Policía Federal Argentina en el domicilio. Un dispositivo que, según la presentación, suele asignarse a funcionarios de alto rango o a personas bajo protección específica. La denuncia también solicita que se determine si existió un contrato de alquiler en caso de haberse utilizado la propiedad. Asimismo, se requiere establecer quién reside actualmente en el inmueble y bajo qué condiciones se dispuso la custodia policial. En relación con esta propiedad, se plantea además la posibilidad de que los fondos utilizados en su adquisición puedan estar vinculados a operaciones bajo investigación en el ámbito de los criptoactivos. Particularmente en torno al caso denominado 'Libra'. La presentación señala la necesidad de analizar eventuales conexiones entre ese expediente y las operaciones inmobiliarias. Qué medidas y organismos intervienen en la investigación Como parte de las medidas solicitadas, se incluyen requerimientos de información a distintos organismos. Entre ellos, la Administración Federal de Ingresos Públicos , la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. También el Ministerio de Seguridad, así como la realización de peritajes contables y financieros. La causa tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien ya dispuso una serie de medidas de prueba tras la imputación del funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los elementos bajo análisis se encuentran incrementos patrimoniales, operaciones inmobiliarias, utilización de vuelos privados y la consistencia entre los ingresos declarados y los bienes registrados. En ese contexto, la investigación judicial continúa incorporando documentación, testimonios y cruces de datos. El objetivo final: determinar la existencia o no de irregularidades en las operaciones analizadas.
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