El proyecto establece que delitos como el abuso sexual no prescriban, además de prisión efectiva sin esperar pronunciamientos de la Corte Suprema.
El Gobierno Nacional, como se sabe, tiene en mente endurecer las penas previstas en el actual Código Penal, para lo cual Javier Milei encargó un proyecto de modificación la norma a fin terminar con la presunta “puerta giratoria” en el ámbito de la Justicia.
Entre otras propuestas, la iniciativa oficial endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que actualmente habilitan reducciones o morigeraciones de condenas. Agravamiento de penas El proyecto oficial propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos, considerando que “la pena tiene que ser acorde al daño causado”, dice el texto; por ejemplo, en casos relevantes como el homicidio. En el caso del homicidio simple, pasaría de los actuales 8 a 25 años a una condena de 10 a 30 años; cuando se trata de homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente de la Nación o ministros, menores de 16 o mayores de 65. O hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”. En el caso de condenas por pornografía infantil, la pena pasaría de entre 3 a 6 años a de 3 a 12 años de prisión, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en 4 a 12 años de prisión. El capítulo sobre robos, la iniciativa incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes a 6 años a 3 a 8 años de prisión y a 3 a 10 años cuando “se comete con violencia sobre las personas”. Imprescriptibilidad para delitos graves En el caso de delitos graves, el documento redactado por el oficialismo plantea la imprescriptibilidad al afirmar que el castigo “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”, agregando que “independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”. Entre otros, no prescribirían los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. Prisión efectiva y restricciones El proyecto que impulsa el Gobierno eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo, ampliando la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas. La reforma también limita la liberación anticipada para quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios. Otras reformas Otro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema. También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios públicos condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio. El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”. Otros delitos con penas agravadas Lesiones leves: pasa de entre 1 a 3 años de prisión Lesiones por conducción imprudente: de 2 a 6 años en la figura simple y de 3 a 6 años en la figura agravada Abuso de armas: de 1 a 6 años Pornografía infantil: de 3 a 12 años de prisión Posesión de pornografía infantil: hasta 12 años de prisión Privación ilegal de la libertad: se aumenta a una pena de 1 a 4 años Trata de personas: aumenta a 10 años y hasta 15 años cuando es agravada Hurto: entre 1 y 3 años de prisión Robo simple: se eleva a una pena de 3 a 8 años de prisión Estafa: se eleva a una pena de 1 a 8 años y multa Usurpación: se eleva a una sanción de 3 a 10 años Agresiones en manifestaciones: se establece una pena de 2 a 5 años de cárcel. Si la agresión es a un funcionario público, se eleva de 3 a 9 años Portación de armas: se eleva a una escala que tiene 3 años y 6 meses como mínimo y 6 años y 6 meses como máximo Cohecho: se eleva a una pena de 3 a 10 años
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