El alto tribunal anuló dos sentencias previas que decían que la interrupción voluntaria del embarazo no era un derecho constitucional.
Desfavorabilidad del presidente Gustavo Petro está en 60%, según Invamer Poll, que señalaban que la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, no era un derecho fundamental.
En la sentencia T-158/23 se decidió sobre una mujer indígena que fue obligada a tener un hijo sin que fueran analizados sus argumentos para realizarse un aborto.
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